España, Catalunya y su Administración
La Vanguàrdia, 30 de Octubre de 2012
Francisco Longo Martínez, Profesor titular del Departamento de Dirección de Personas y Organización
Más de una vez, en clases o conferencias sobre gestión pública, me he referido al "mito de la ocasión perdida", para referirme a un lamento recurrente entre muchos actores del sistema público de Cataluña. Puede enunciarse de este modo: “Qué gran oportunidad dejamos escapar cuando, al recuperar la Generalitat, pudimos haber creado una Administración moderna y distinta, en vez de reproducir el modelo burocrático y arcaico de la Administración del Estado¿. Lo bauticé así porque la cosa tiene, creo yo, más de ensoñación nostálgica que de ocasión realmente malograda.
En general, cuando queremos conseguir algo difícil necesitamos, además de tener la posibilidad –esto es, que no existan restricciones externas que nos lo impidan- dos cosas más: querer lograrlo y saber cómo hacerlo. Pensemos en quien afronta un problema de obesidad. Nadie le impide adelgazar, pero para conseguirlo necesita, de un lado, una gran fuerza de voluntad y, del otro, un sistema eficaz para su problema y características (dieta adecuada, supervisión médica, etc.). El cambio institucional, siempre costoso porque se enfrenta a inercias y resistencias de gran calado, requiere más o menos lo mismo: incentivos poderosos y capacidades instaladas. En mi opinión, ni los unos ni las otras existían cuando en la Transición se constituyó la nueva Administración catalana.
Esta reflexión surge de la lectura, en estas mismas páginas, de un interesante artículo de Jordi Galí. En él, situaba entre las posibilidades abiertas por un eventual estado catalán independiente la definición de un nuevo modelo de Administración Pública. Como comparto en gran medida las razones por las que lo consideraba deseable y también los rasgos del modelo que proponía, me puse a elucubrar sobre la probabilidad de que tal cosa aconteciera, y la verdad es que mis intuiciones no son muy optimistas.
En realidad, el margen de actuación abierto por el vigente Estatuto de Cataluña –pese a las amputaciones y recortes de que fue objeto- sumado a las reformas en la legislación básica del Estado –en especial el Estatuto del Empleado Público- ofrecen desde hace ya algún tiempo la posibilidad de definir, desde el autogobierno, un modelo de Administración catalana mucho más moderno, capaz y flexible que el que tenemos. ¿Por qué esas facultades no se han ejercitado? A mi juicio, porque no se ha querido o no se ha sabido, o por ambas cosas al mismo tiempo. Pondré dos ejemplos.
Hay un amplio consenso entre los expertos sobre la necesidad de profesionalizar la dirección pública. Tenemos un sistema en el que el cambio de color político de un gobierno supone la mudanza forzosa de centenares de cargos (pongan una cifra de cuatro dígitos y no se equivocarán) sin garantía alguna de idoneidad en la forma en que son cubiertos. La definición de un marco legal que haga posible una gerencia profesional no colonizada políticamente corresponde íntegramente al legislador autonómico. ¿Por qué ningún gobierno ha llevado al Parlament una propuesta de ley en ese sentido? La respuesta parece clara. El incentivo de los partidos ha sido hasta ahora el capturar el máximo número de direcciones generales, gerencias de empresas públicas, hospitales, museos, gabinetes de estudios y un largo etcétera. Quienes gobiernan o aspiran a hacerlo, aunque digan lo contrario, no han querido esa reforma.
Evaluar el trabajo de los empleados públicos es una vieja aspiración que nadie impide a los gobiernos catalanes. Si, en general, no se practica más que en algunas “islas de excelencia" (como los centros de investigación que citaba con acierto el profesor Galí), se debe, en buena medida, a la renuncia a enfrentarse a los sindicatos funcionariales, siempre contrarios a todo lo que suponga diferenciación en el desempeño. La otra razón es que el sistema carece de capacidades directivas y técnicas suficientes para diseñar los procedimientos y realizar evaluaciones con garantías. Quienes han gobernado no han querido (qué conflictivo) ni sabido (qué complicado) hacerlo.
Podríamos seguir, pero parece suficiente para constatar que el problema está aquí, entre nosotros, y no fuera. No hemos sido en este campo sustancialmente mejores que la Administración General del Estado o la de otras comunidades autónomas. ¿Lo seríamos de ser independientes? ¿Sería suficiente la dinámica creada por la coyuntura fundacional de un estado propio para crear los incentivos y capacidades que requiere la emergencia de un nuevo modelo de Administración? No se puede contestar categóricamente a esta clase de preguntas. No obstante, el conocimiento disponible sobre cambio institucional nos dice –como el mito de la ocasión perdida en la transición autonómica- que esa clase de saltos cuánticos son altamente improbables. Y dado que para reformar en profundidad la Administración catalana no dependemos de nadie, ¿por qué no ponerse a ello desde ahora mismo?
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